Resultados del 30˚ Informe anual sobre le control de la aplicación del Derecho de la UE

FEC_InformeDerecho2012

Como cada año desde 1984, a petición de la Comisión Europea, el Parlamento Europeo aprobó el 30˚ Informe Anual sobre el control de la aplicación del Derecho de la Unión Europea, clave para el buen funcionamiento de la Unión, en el que se presenta el control, país por país, de la correcta aplicación del Derecho comunitario en las políticas nacionales.

A finales de 2012 se registraron un 25% menos de procedimientos de infracción abiertos en relación a 2011. Esta tendencia a la baja (a finales de 2009 el número de infracciones abiertas era de 2.900 frente a las 1.341 del 2012) se debe en parte por la puesta en marcha de diferentes mecanismos para solventar rápidamente algunos problemas y fomentar el cumplimiento de las normas comunitarias en cada país.

Por países los más infractores son Italia (99 casos abiertos), Bélgica (92) y España (91). Los que menos infracciones cometieron durante 2012 fueron Letonia (20 casos), Lituania (22) y Estonia (24).

Por sectores, el medio ambiente, el transporte, la justicia y el mercado interior y servicios, son los más denunciados por los ciudadanos, empresas e instituciones. De todos los casos presentados, 35 de ellos han sido derivados al Tribunal de Justicia de la Unión Europea con petición de sanciones económicas para los países infractores.

Uno de las infracciones más repetida por los países miembro que deriva en más casos abiertos es el retraso en la trasposición de las leyes europeas a la legislación nacional. Durante 2012 el número de infractores por trasposición tardía ha descendido un 45% en relación a 2011. Por países, Italia con 36 denuncias, Portugal con 34 y Hungría con 26, son los que más infracciones por retraso de aplicación registran. Los que menos son Estonia con 5 casos y Países Bajos y Suecia con 6 cada uno.

En el informe se presenta un análisis detallado por país y por tema del número y características de las infracciones cometidas. En el caso de España, el tercer país más infractor de la UE, la mayor parte de los casos se refieren a temas relacionados con el medio ambiente, seguidos por los impuestos y el transporte.