FEC_DerechosConsumidores_blogLa pasada semana venció el plazo de transposición de la Directiva sobre los derechos de los consumidores 2011/83/EU en todos los países de la Unión Europea que deberán presentar las leyes nacionales elaboradas sobre la materia para entrar en vigor antes de junio de 2014. Con esta nueva normativa, propuesta por la Comisión en 2008 y aprobada en 2011, se amplía la protección de las compras realizadas en toda Europa, especialmente a través de internet.

Para la vicepresidenta de la Comisión Europea, Viviane Reding, esta Directiva es “una excelente noticia para los 507 millones de consumidores europeos que mejora las normas de protección en la UE y reforzará la confianza”. Tras su aplicación la Comisión analizará si cada país ha “hechos sus deberes y aplicado las normas correctamente”.

Algunas de las claves de esta Directiva son:

  1. Eliminación de gastos y costes ocultos en internet. A partir de ahora habrá que confirmar explícitamente que se es consciente del cobro de algún costo por servicios y/o productos.
  2. Mayor transparencia de precios. No habrá que pagar los gastos y costes de los que no se ha informado adecuadamente antes de realizar un pedido.
  3. Prohibidas las casillas ya marcadas en las páginas web.  A partir de ahora cualquier casilla que suponga un coste adicional (seguros, suplementos, etc.) deberá ser marcada por el consumidor.
  4. 14 días naturales de plazo de devolución desde el recibimiento de la mercancía comprada. Si el vendedor no ha informado claramente sobre este derecho el periodo se amplía a un año.  Esta norma se aplicará a ventas realizadas por internet, por teléfono, por correo, en el domicilio del consumidor, en reuniones, en la calle o durante una excursión organizada por el comerciante.
  5. Derecho a reembolso. El consumidor recibirá el reembolso y los gastos de entrega en un plazo de 14 días a partir del desistimiento.
  6. Supresión de los recargos por utilizar tarjetas de crédito y líneas directas.  Ni se podrá cobrar más por usar la tarjeta ni los comerciantes que operan por teléfono no podrán cobrar más de la tarifa básica de las llamadas telefónicas del país.