Las empresas europeas ante el reto del RGPD

 

A apenas 48 horas de la entrada en vigor del Reglamento Europeo de Protección de Datos, una nube de incertidumbre empresarial da la bienvenida a la nueva regulación. Desde numerosas fuentes se ha afirmado que la mayoría de las empresas no cumplirán con el plazo establecido para su adaptación a las nuevas disposiciones, a pesar de su obligatoriedad.

Sin embargo, el Reglamento, cuyo contenido se conocía ya desde hace dos años, prevé sanciones importantísimas que pueden llegar a los 20 millones de euros o al 4% de la facturación de una compañía por incumplir reiteradamente las nuevas obligaciones jurídicas. 

La Agencia Española de Protección de Datos, organismo independiente al que el reglamento ha encomendado el seguimiento y supervisión del funcionamiento del nuevo marco legal en España, lleva meses dando rienda suelta a su labor doctrinal. Con este objetivo suscribió sendos acuerdos con la CEOE y Cepyme, para dar la máxima difusión entre las compañías españolas de la nueva normativa, pero no fue hasta principios de este año cuando editó las guías prácticas para la adaptación tanto del sector público como del privado al nuevo marco regulatorio europeo, lo que ha retrasado también el proceso de adaptación.

Por su parte, el Ejecutivo redactó un proyecto de Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal en el que contemplaba un periodo de habilitación de cuatro años para adaptación de contratos con proveedores, cuya existencia no estaba contemplada en el propio Reglamento. Finalmente, este proyecto de Ley sufrió un bloqueo parlamentario por lo que el foco se centra ahora exclusivamente en la labor de la AEPD como órgano aplicador de la nueva regulación, con la esperanza desde el tejido empresarial de la flexibilidad en su aplicación. 

Particularmente está siendo una transición difícil para aquellas empresas que carecen de presencia física en Europa pero que ofrecen sus servicios en el marco de la UE, pues estas empresas tendrán la dificultad añadida de tener que declarar a partir del próximo 25 de mayo un emplazamiento principal en un país de la UE. De esto se deduce, por tanto que el REPD desencadene significativas modificaciones en el desarrollo de servicios y productos globales de muchas multinacionales.