Los expertos recomiendan una directiva que armonice el traslado de sedes empresariales en la Unión Europea

Una de las más claras evidencias de la crisis abierta en Cataluña ha sido el incesante goteo de grandes empresas que han anunciado el traslado de su sede -a distintos niveles- a otras comunidades autónomas aduciendo la inseguridad jurídica generada. La situación ha llevado incluso al Gobierno a emitir un Real Decreto para facilitar dicho proceso.

Sin embargo, éste no es un problema nuevo ni que se circunscriba a España. El inicio del Brexit puso de nuevo encima de la mesa una cuestión con la que la Unión Europa lidia desde 1997, cuando intentó poner en marcha un directiva que armonizara el proceso de cambio de sede de una compañía entre estados miembros.

Pese a que hace 20 años que se está trabajando en ello, no se ha llegado a un acuerdo que permita poner en marcha la llamada 14ª directiva. Precisamente el contexto del Brexit ha llevado a muchos a pedir que se resuelva la situación. En concreto, notarios de 22 países miembros, reunidos recientemente en el 4º Congreso de los Notarios de Europa, han reclamado que se defina esa directiva para dotar de unas reglas comunes, tanto jurídicas como fiscales, que permitirían “una mejor y más leal competencia entre aquellos destinos que pugnan por ofrecerse para las sedes de las compañías europeas”.

Según analizaba recientemente Antonio Calvo Vidal, coordinador de dicho congreso, todo apunta a que este tema tendrá gran importancia en el Plan de Acción que anunciará antes de que acabe el año la Comisión Europea. De acuerdo con su análisis, el problema radica en la falta de una normativa que armonice dos legislaciones soberanas -la del país de origen y la del país de destino-, una normativa que debe “ofrecer un marco de seguridad y estabilidad para que las empresas puedan valorar adecuadamente la decisión del traslado de su sede y que, al mismo tiempo, permita también reducir los costes de este tipo de operaciones”.