La Comisión Europea inicia dos procedimientos de incumplimiento contra España

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La Comisión Europea ha presentado el paquete de 17 procedimientos por incumplimiento del mes de julio contra varios estados miembro.  Los países que más procedimientos han recibido este mes han sido España y Alemania, con 2 cada uno.

Ante el incumplimiento por parte de los países europeos de las normas establecidas desde Bruselas, la Comisión inicia acciones judiciales ante el Tribunal Superior de Justicia Europeo (TSJE) para garantizar que los 28 países que forman parte de la Unión Europea cumplan las reglas.

En el mes de julio España ha recibido dos procedimientos, uno por cuestiones ambientales y otro por asuntos de interior.

El primero es referente a los vertederos ilegales encontrados en Andalucía, Murcia, Canarias, Baleares, Castilla la Mancha y Castilla y León. Según la CE en España hay actualmente 61 vertederos incontrolados que suponen un peligro para los ciudadanos y para el medios ambiente que deberían haber sido controlados, cerrados y sellados hace años.

Los países miembro deben tratar los residuos de forma controlada sin que suponga un riesgo para el entorno y tienen prohibido el abandono y eliminación incontrolada de residuos. Ante el incumplimiento de esta normativa, la Comisión envió a España en 2007 un procedimiento para controlar los vertederos ilegales. El país se comprometió a cerrarlos para 2011 dentro de una estrategia general ambiental.

Sin embargo, en septiembre de 2014 la CE siguió identificando 63 vertederos ilegal potencialmente peligros y finalmente en julio de 2015 ha iniciado un procedimiento ante el TSJE para que España cumpla la ley de tratamiento de residuos.

Por otra parte, la CE ha iniciado otro procedimiento contra España, Grecia, Portugal, Italia, Rumanía y Malta para exigirles en el plazo de 2 meses la relación de todas las normas nacionales establecidas como parte de la transposición de la Directiva relativa a los delitos de abusos sexuales a niños, explotación y pornografía infantil.

La Directiva 2011/93/UE debería de haber sido traspuesta el 18 de diciembre de 2013, sin embargo estos países no han comunicado a Bruselas las leyes nacionales que establecen, entre otras cuestiones, penas mínimas para las personas acusadas de abuso infantil y que prohíbe que estas personas ejerzan profesiones que conlleven la relación con niños, como profesores o monitores de tiempo libre.