La Comisión Europea decide mañana el futuro de los astilleros españoles*

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*ACTUALIZACIÓN 18 de julio: La Comisión Europea pide la recuperación de ayudas fiscales concedidas por España a determinadas Agrupaciones de Interés Económico (AIE). Los astilleros deberán devolver las ayudas recibidas entre 2007 y 2011, ayudas ilegales según la decisión de la CE. (Comunicado oficial de la Comisión Europea AQUÍ)

Mañana, miércoles 17 de julio, la Comisión Europea deberá determinar la legalidad o no de las ayudas que los astilleros españoles han recibido entre los años 2005 y 2011, el equivalente a más de 2.000 millones de euros.

El vicepresidente de la Comisión y comisario de Competitividad, Joaquín Almunia, reabrió en 2011 un expediente a la industria naval española para investigar la legalidad de las ayudas recibidas por el sector desde 2005 a través del denominado tax lease, el mecanismo para la financiación de buques empleado en España.

El tax lease es, en esencia, una operación triangular que consigue reducir ampliamente los impuestos a pagar por los inversores optando por la financiación mediante leasing para el proceso de construcción de buques. Ahora la Comisión deberá aprobar o no el borrador presentado en el que se solicita a los inversores que pusieron fondos para la construcción de barcos y que se beneficiaron de las deducciones fiscales que devuelvan ese dinero.

El conflicto comenzó con la denuncia de Holanda a España ante el Tribunal de la Competencia Europeo por “competencia desleal” en el sector naval. A esta batalla se han unido otros países como Portugal, Francia, Finlandia y Noruega que consideran “discriminatorias” las financiaciones empleadas en España en detrimento de sus astilleros nacionales.

Las posturas se muestran encontradas. En el ámbito político por un lado se encuentra el comisario Almunia que, a pesar de haberse reunido en los últimos días con políticos, sindicatos y patronales de los trabajadores afectados,  cree que esta forma de actuar “viola la legislación europea” y los inversores deben devolver las ayudas prestadas. Por otro, está el Ministerio de Industria, Energía y Turismo y los presidentes de las Comunidades Autónomas más afectadas (Galicia, Asturias y País Vasco) que han firmado una declaración institucional en la que defienden el sector naval español, con el apoyo del presidente Mariano Rajoy, que ha mediado en el conflicto contactando con el presidente de la Comisión, José Manuel Durao Barroso.

En el ámbito laboral, los sindicatos alertan de la posible pérdida de más de 87.000 puestos de trabajo y la destrucción completa de un sector puntero a nivel mundial (el 90% de los buques construidos en España se exportan a otros países) ya que la anulación de las ayudas conllevaría la pérdida de confianza en el sector por parte de los inversores.

Ante el posible fallo en contra del sector que será anunciado mañana, la Sociedad de Pequeños y Medianos Astilleros en Reconversión  (PYMAR), que representa a 17 astilleros privados de España,  tiene previsto denunciar a la Comisión Europea presentando como prueba una carta en la que en 2009, la entonces comisario de Competencia, Neelie Kroes, negaba que el sistema de financiación empleado por los astilleros españoles fuera discriminatorio.