La batalla del sector azucarero en Europa

FEC_Azucar_blogEn 2004, la Organización Mundial del Comercio estableció un dictamen en el que consideraba ilegales las subvenciones a la exportación que otorgaba la Unión Europea al sector azucarero.

Brasil, Tailandia y Australia (apoyados por Intermón Oxfam), acusaron de dumping a la Unión por proteger el sector azucarero del continente garantizando altos precios al agricultor. Esta situación provocaba excedentes de azúcar y permitía venderla en el mercado internacional a un precio inferior al de la producción, un esquema que se consideró como “subvenciones cruzadas” que no respetaban la ley de mercado y competencia.

Tras este dictamen, Bruselas se comprometió a liberalizar el sector azucarero progresivamente hasta 2015, con un sistema de cuotas que reduciría la producción a la mitad, una rebaja del precio mínimo garantizado de compra y con compensaciones a los agricultores y la industria para adaptarse a esta nueva situación.

Un plan que, aunque se ha cumplido en los últimos años, se ha extendido hasta 2020 tal y como aprobaron los eurodiputados en la última reforma de la Política Agraria Común presentada el pasado mes de marzo.

La batalla afecta a varios actores. Por un lado se encuentran los productores de remolacha que aspiran mantener el sistema de cuotas para seguir con las producciones actuales (inferiores a las de hace una década). Por otro, están los productores de caña de azúcar y la industria de alimentos preparados (grandes consumidores del producto) que defienden una apertura total del mercado azucarero, para lograr expandirse y seguir creciendo, en el caso de los primeros, y conseguir materia prima más barata y cercana, en el caso de la industria alimentaria.

Hasta diciembre de 2011 se calcula que el sector azucarero ha perdido entre 6.000 y 10.000 puestos de trabajo por el cierre de fábricas. Además, Europa ha perdido el liderazgo como primer productor y exportador de azúcar a favor de Brasil y ha tenido que importar 3,2 millones de toneladas de azúcar costarricense en 2012. Un panorama que incrementa la lucha entre los actores involucrados en la liberalización del sector.

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