Historia de la Unión Europea: la crisis de la silla vacía

FEC_SillaVacia_blog

El 27 de marzo de 1957 se firmó el Tratado de la Comunidad Económica Europea (CEE), del que formaban parte: Francia, Alemania, Italia, Bélgica, Países Bajos y Luxemburgo. Esta Europa de los Seis contaba con un Consejo Europeo y una primera Comisión Europea presidida durante dos mandatos por el Presidente alemán Walter Hallstein (entre 1958 y 1967), un período en el que la Comisión aprobó numerosas políticas, entre las más importantes la de la Política Agraria Común (PAC).

El método de voto en el seno del Consejo sería, en principio, la unanimidad, pero se planteó cambiarlo por el de mayoría cualificada en determinadas materias, lo que dio lugar a la denominada “crisis de la silla vacía”. Este cambio tenía como consecuencia la disminución del poder de los gobiernos de cada uno de los estados miembros que formaban parte dando lugar a un mayor sentido de su supranacionalidad.

La “crisis de la silla vacía” supuso que Francia, presidida por Charles de Gaulle, abandonase el Consejo y no asistiese a las principales votaciones durante seis meses para manifestar su oposición al cambio de método en la toma de decisiones, lo que se entendía como un boicot por parte de este país a las reuniones del Consejo. Para que Francia volviese a ocupar su puesto, exigió la revisión de las funciones de la Comisión y las diversas modalidades de votación mayoritaria existentes.

Una crisis que fue resuelta el 30 de enero de 1966, con la firma del Compromiso de Luxemburgo, en el que se recogía que en el caso de estar importantes intereses en juego de un determinado estado, los miembros del Consejo debían buscar todas las posibles opciones que ayudasen a dar con la mejor solución y que pudieran ser adoptadas por el resto de países en el respeto de sus respectivos intereses. Un acuerdo político que no tiene categoría jurídica y que se mantuvo hasta 1985.

Posteriormente, dio lugar a la firma del Tratado de Amsterdam, que introdujo un derecho de veto similar al que recoge el Tratado de la Unión Europea y beneficia a los Estados miembros con la limitación de la facultad del Consejo para decidir por mayoría cualificada, delegando el asunto al Consejo Europeo que debe llegar a un acuerdo por unanimidad.