El Parlamento Europeo le planta cara al CO2, preocupado por la calidad del aire

Este miércoles, el Pleno del Parlamento Europeo ha aprobado una propuesta normativa que plantea un recorte de las emisiones de los turismos nuevos del 40% para 2030 (frente al 30% que proponía la Comisión, en relación al nivel de 2021), con un objetivo intermedio de reducción del 20% en 2025. El texto fija además cifras similares para los vehículos comerciales ligeros.

La votación es el primer paso para disminuir los gases contaminantes de estos vehículos y deberá ser refrendada todavía por los Estados miembros y la Comisión Europea, que podrían rebajar la ambición de la iniciativa. Concretamente, la Eurocámara ha dado el visto bueno a que en 2025 las emisiones sean un 20% inferiores que en 2021. Para 2030, ese recorte de gases debe situarse en el 40%. Los objetivos superan los propuestos por la Comisión, que era partidaria de un recorte más progresivo, del 30% en 2030, para que la industria cuente con tiempo suficiente para adaptarse.

Teniendo en cuenta lo anterior, los fabricantes que superen los porcentajes establecidos deberán pagar una multa, que la UE invertirá en formar a los trabajadores del sector afectados por los cambios ligados a la transición ecológica. Asimismo, las compañías estarán obligadas a garantizar que los vehículos menos contaminantes -los eléctricos y aquellos que emiten menos de 50g de CO2 por kilómetro- supongan un 35% de los coches y furgonetas nuevos en 2030 (un 20% en 2025).

En este sentido, la Comisión Europea debe proponer, antes de que termine el 2019, una legislación que permita a los consumidores conocer claramente las cifras de consumo de combustible y emisiones de CO2 y otros gases contaminantes de los vehículos nuevos. Por otra parte, desde 2025, los fabricantes deberán informar a la Comisión sobre las emisiones de CO2 a lo largo de todo el ciclo de vida de los vehículos comercializados a partir de esa fecha, en base a una metodología común.

El informe ha sido apoyado por 389 eurodiputados, 239 votaron en contra y 41 se abstuvieron. Los ministros de los Estados miembros tienen previsto adoptar una posición común respecto a este asunto el próximo 9 de octubre. Las negociaciones con el PE para llegar a un acuerdo en primera lectura comenzarán un día después.