El conflicto ruso-ucraniano iniciado a comienzos de 2014, que condujo a la anexión ilegal de la región de Crimea y a la desestabilización del Estado ucraniano, forzó a la Unión Europea a imponer, de forma progresiva, una serie de medidas restrictivas contra la Federación Rusa.
Al igual que otras organizaciones internacionales y/o regionales, la Unión Europea puso en marcha una serie de medidas restrictivas, entre las que se encuentran, las medidas diplomáticas, suspendiendo las cumbres periódicas entre la UE y Rusia; las medidas restrictivas individuales; las restricciones de las relaciones económicas con Crimea y Sebastopol; las sanciones económicas; y las restricciones a la cooperación económica.
Hace 6 años, en marzo de 2014, el Consejo de la Unión Europea decidió inmovilizar los bienes de las personas responsables de la malversación de fondos públicos ucranianos. Las sanciones, que han alcanzado a más de 180 personas y a alrededor de 44 entidades, han venido prorrogándose hasta marzo del año pasado.
Finalmente, el Consejo de la Unión Europea decidió prorrogar, el pasado jueves 5 de marzo, durante un año más, la inmovilización de bienes vigente contra diez personas consideradas responsables de malversación de fondos públicos ucranianos o de abuso de poder causante de pérdida para los fondos públicos ucranianos.
