Maastricht, 25 años después

 

Vista general del auditorio el día de la firma del tratado en Maastricht (Holanda), el 7 de febrero de 1992. | Christian Lambiotte / EC

Vista general del auditorio el día de la firma del tratado en Maastricht (Holanda), el 7 de febrero de 1992. | Christian Lambiotte / EC

El 7 de febrero de 1992, la Comunidad Económica Europea firmó el que se ha considerado ‘tratado de tratados’. Hace 25 años, los entonces miembros de la CEE firmaron el acuerdo que había empezado a cerrarse en un Consejo Europeo de diciembre de 1991 en Maastricht (Holanda). Una ambiciosa puesta en común destinada a transformar un acuerdo económico y dotarlo de sentido político y social.

El Tratado de la Unión Europea, como se denominó oficialmente, tenía cuatro objetivos: crear una unión económica y monetaria, dotar a las instituciones europeas de legitimidad democrática y eficacia, crear una Política Exterior y de Seguridad Común (PESC), y aportar una dimensión social al proyecto europeo.

Como correlato de estos cuatro objetivos, el Parlamento Europeo incrementó su poder en la estructura triangular de instituciones de Gobierno y se creó el Comité de Regiones; se estableció el conocido como “segundo pilar” de la Unión, el referido a la PESC; se fijó una política económica y comunitaria común, con el objetivo de crear una moneda única regida por el Sistema Europeo de Bancos Centrales (BCE y bancos centrales nacionales), y se creó un anexo con el Protocolo Social (promoción de empleo, diálogo social, mejora de las condiciones de vida y del trabajo…)

Pero si algo fijó Maastricht fue la ciudadanía europea, con la consecuente creación de nuevos derechos, como el de la libre circulación y residencia. Desde entonces, los europeos han podido votar y ser elegidos en las elecciones europeas y municipales de su Estado de residencia, independientemente de que fueran nacionales de otro Estado de la Unión. Además, se fijó el derecho a la protección diplomática y consular de un Estado miembro distinto al de origen.

Una Unión amenazada

Han pasado 25 años desde la firma del ‘tratado de tratados’. A Maastricht le siguieron Ámsterdam (1997), Niza (2001) y Lisboa (2009). Este último añadió un mecanismo que, a día de hoy, supone la máxima amenaza para la Unión Europea desde su creación.

El Artículo 50 del Tratado de Lisboa fija una “cláusula de retirada” voluntaria y unilateral de un miembro de la UE. Su redactor, el diplomático escocés John Kerr, que ejerció como embajador británico en Bruselas y en Washington, no ha dejado de repetir en los últimos meses que lo último que pensó cuando escribió la fatídica fórmula de salida voluntaria de la UE fue que su propio país sería el primero en invocarlo.

A no ser que se produzca un giro dramático del guión escrito desde que el 23 de junio de 2016 los británicos se posicionaron a favor de abandonar la UE en el referéndum convocado por David Cameron, su sucesora al frente del Gobierno, Theresa May, invocará en el Consejo Europeo del 9 de marzo las 262 palabras con las que pondrá en marcha una cuenta atrás que sacará a Reino Unido de la UE en un máximo de dos años, independientemente del resultado de las negociaciones que se iniciarán a partir de ese momento.

El ‘Brexit’ es la amenaza más clara para la UE, pero no la única. Menos de una semana después de la fecha en que, con toda probabilidad, May oficializará el inicio del fin de la Europa de los 28, los holandeses acudirán a las urnas para elegir a un nuevo Parlamento. Estos comicios suponen un nuevo reto a la integridad de la Unión Europea, toda vez que Geert Wilders, líder del populista PVV, encabeza todas las encuestas con su discurso xenófobo y eurófobo.

Tanto Wilders como Marine Le Pen, seria candidata a pasar a segunda vuelta en las elecciones parlamentarias francesas que se celebrarán el 23 de abril, han puesto encima de la mesa la posibilidad de llevar a cabo sendas consultas populares a imagen y semejanza de la ejecutada en Reino Unido para plantear la salida de sus países de la UE.

El otro gran pilar de la Unión, Alemania, también celebra elecciones federales el 24 de septiembre de 2017. Si bien la populista Alternativa por Alemania (AfD) no amenaza con llegar al poder, la política llevada a cabo por el Gobierno alemán con los refugiados puede terminar costándole caro a Angela Merkel. Aunque en Alemania nadie está planteando un potencial abandono de la UE, sí surgen voces que ponen en duda algunos de sus principios rectores como el de solidaridad y la libre circulación de personas.

El futuro de la UE va a depender mucho de cómo afronten los líderes europeos el proceso del ‘Brexit’, pero también de cómo Holanda y, sobre todo, Francia, resuelvan sus futuros parlamentarios. Un panorama complicado que exige políticas comprometidas y con objetivos claros hacia la consolidación de la Unión.

Publicado en: Foro Europa Ciudadana

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